Aprender a Pensar

Enfoques (ABR-2010)

Reflexiones en torno al Programa de calidad y mejora de los centros educativos

Eduardo Romero López

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El programa de calidad constituye una de las iniciativas recogidas en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) para la mejora de la calidad del sistema educativo. Es de carácter voluntario.

Los centros que desarrollan proyectos de calidad deben definir sus objetivos a partir de 21 indicadores, tanto ligados al rendimiento académico como a otros aspectos como la convivencia o la satisfacción familiar. Los centros educativos implementan su Programa de calidad en un horizonte temporal de 4 cursos al cabo de los cuales la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa analizará la evolución del programa así como el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

El profesorado percibirá incentivos que podrán llegar a los 7.000 euros, distribuidos en 600 euros el primer año, 1.200 euros el segundo y 1.800 el tercero. Si la evaluación es positiva, el último año el complemento podrá llegar a los 3.400 euros.

Cuando abordamos temas, que sin serlo, y por diversas causas, pasan a ser espinosos, ya que se alejan del consenso y se dan a las discusiones más acaloradas, lo oportuno y acertado es manifestar cuál es la posición de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras desde el principio. Así evitamos dar opiniones que pueden manejarse en territorios turbios y confusos que puedan dar lugar a erróneas interpretaciones de lo que pensamos. En mi caso, siempre he considerado los incentivos como un instrumento legítimo pro de la productividad. Aplicado esto al mundo de la educación, el Decreto impulsado por la Consejería de Educación, y promulgado por el Presidente de la Junta de Andalucía, puede ser un nítido y acertado recurso que vaya a favor de la mejora de nuestro sistema educativo y que, por supuesto, redunde en un avance del nivel de enseñanza de nuestro alumnado.

Sin embargo, del mismo modo, podemos afirmar que dicho Decreto no sólo despierta encendidas y profusas discusiones sino también el rechazo más contundente por parte de cierto sector de nuestro cuerpo docente. Y esto es así porque durante las deliberaciones he advertido cómo entran en juego distintas ópticas y connotaciones políticas que pueden infectar, de manera tendenciosa, las reflexiones que hacemos en torno al mismo. Ese es el gran peligro que atenaza al sistema educativo: las directrices políticas, pues  opino que las luchas partidistas deben quedar fuera de cualquier propuesta de mejora que se hace en torno a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, quienes, en definitiva, componen el mayor bagaje de futuro de cualquier Sociedad que se precie como viva y moderna.

Pero me preocupa, de manera especial, la facilidad con la que se han abierto paso opiniones que, sin llegar a equivocarme, puedo tildar como demagogia barata. Así, he tenido ocasión de oír sentencias tales como que con este tipo de Programas la administración trata de comprar la voluntad del profesorado o que éste, acariciado por la posibilidad de recibir el pago de un suplemento salarial importante, pueda verse tentado de disminuir el nivel de conocimientos mínimos que exige a sus alumnos para que superen los exámenes en aras de aumentar las estadísticas de éxito de la asignatura por él impartida. Afirmaciones tales como que se trata de un chantaje al situar al profesor o profesora en la tesitura de aprobar más o cobrar menos, son desacertadas y, a mi modo de ver, gratuitas. No tengo yo en tan baja estima la honradez y compromiso laboral de mis compañeros y compañeras en el ejercicio de sus funciones. De igual modo, no creo yo que a través del pago de un incentivo se esté considerando que la máxima responsabilidad del fracaso escolar quede en manos del profesorado. Si eso fuese así, ni con todo el dinero del mundo podría invertirse tal situación, pues no estaríamos hablando de su salario sino de su capacidad y ésta se tiene o no se tiene. Cuando un profesor o profesora accede al ejercicio de la enseñanza lo hace demostrando su formación, su valía. Al aprobar sus estudios y al superar unas pruebas que lo habilitan para el ejercicio de la enseñanza pública están demostrando su formación. Poco puede hacer el pago de un incentivo para elevar esta capacitación. Asimismo, y no sin enorme asombro, he escuchado decir a compañeros y compañeras que Decretos de este tipo van en la línea de, incluso, neutralizar la esencia misma del claustro de profesores. Tampoco comparto esta tesis, pues el programa queda abierto a la voluntariedad del centro y es necesaria una mayoría de dos tercios del profesorado presente para que el claustro decida unirse al plan. Esto también es criticable, pero yo pregunto si lo criticable no es que el profesorado deje de asistir a reuniones de vital trascendencia para el futuro de sus centros Es por esto que en modo alguno comparto reflexiones tan superficiales, pues pueden alejarnos de un enfoque objetivo a la hora de enjuiciar el contenido de dicho Decreto.

Sé que un alto porcentaje de Institutos de Enseñanza Secundaria ha votado en contra de adherirse al plan de incentivos. Pero también debemos señalar que el 44% de los centros andaluces sí que ha votado a favor del Programa de Rendimiento y Mejora de los Rendimientos Escolares. Esto pone de manifiesto una polarización muy pronunciada entre las posturas adoptadas por los IES. Sin embargo en los centros de primaria estos índices de aceptación suben. Se vuelve a poner de manifiesto la disparidad entre el profesorado a la hora de incorporarse o no al plan.

Opino que la mejora del sistema educativo nace del esfuerzo colectivo. Porque solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de estos objetivos y una de las consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado entre los distintos centros docentes, resultando necesario atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera. Se trata de que todos los centros asuman su compromiso social con la educación y de que realicen una escolaridad sin exclusiones, aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. Pero también debo incidir en la idea de que la Sociedad cumpla con su responsabilidad, que no es otra que participar, codo con codo, con la comunidad educativa y con la administración del desarrollo de los programas educativos de sus hijos e hijas.

Para mí es inexcusable que este principio de esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, deba aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa y cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica:

– Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes.

– Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes.

– Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo.

– La sociedad habrá de apoyar el sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida.

Si con todo esto contribuimos a crear unos espacios educativos más avanzados, más adecuados a una mejor educación de nuestros alumnos, no sería en absoluto una compra del profesorado el hecho de que éste recibiese un incentivo a su esfuerzo, pues no es indecoroso que una mayor implicación se vea recompensada con un aumento de salario.

No debemos olvidar que los salarios y los incentivos o complementos por resultados están regulados y aceptados por la legislación laboral de nuestro país y que, en modo alguno, significan chantaje o extorsión alguna, como se apunta desde cierto sindicato. Muy por el contrario, dignifican la actividad laboral, y en este caso, por qué no, la actividad de la enseñanza.

Como conclusión, estimo que el pago de incentivos puede actuar como catalizador para fomentar una implicación más profunda del profesorado con su labor, siendo esto altamente positivo para el conjunto de la comunidad educativa.



escrito el 1 de abril de 2010 por en 02. ENFOQUES


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